Los procesos de modificación de la capacidad responden, desde
el ámbito jurídico, a la necesidad de amparo que puede presentar
una persona y tienen como finalidad proporcionarle protección.
Una persona con la capacidad modificada judicialmente
sigue siendo titular de derechos y obligaciones, aunque para
ejercerlos necesite el apoyo de otra persona
Sin embargo, en la práctica diaria, a menudo, los profesionales
que trabajamos en el campo de la discapacidad intelectual,
nos encontramos con situaciones en las que parece existir
un conflicto entre las limitaciones establecidas en el ámbito
jurídico y nuestros modelos de intervención, que potencian
aspectos como la autonomía y la autodeterminación.
Estas situaciones exigen de nosotros no sólo conocer el
marco jurídico, sino también tener en cuenta consideraciones
de carácter ético.
Desde el Centro Pai Menni proponemos llevar a cabo una
reflexión compartida sobre este tema, teniendo en cuenta las
dos vertientes: la jurídica y la ética.
Esperamos, con la participación de los distintos colectivos
implicados, contribuir a ampliar nuestro conocimiento sobre
el abordaje de situaciones que tienen, sin duda, un gran
impacto en la vida de las personas que atendemos.
Tríptico con el programa de las jornadas